El Gobierno explicita su concepto de rentabilidad razonable en El Hierro

El diario El País publica hoy un artículo sobre la retribución de la central mixta hidráulica-eólica que se está construyendo en El Hierro.

Nuevamente nuestros políticos han demostrado no estar a la altura de las circunstancias: el proyecto de hacer de una isla autosuficiente energéticamente a partir de energía renovables no es, como al parecer han considerado, un mero escaparate internacional; debería haberse tomado seriamente desde el principio como un prototipo de cambio de modelo energético que muchas «islas energéticas» -entre otras, España y Europa- necesitan urgentemente.

Ciertamente la vinculación entre una central hidráulica de bombeo y una eólica resulta novedoso, si bien coincidirán conmigo en que no excesivamente innovador: las tecnologías son bien conocidas desde hace decenas de años y su acoplamiento podría -debería, a mi juicio- haberse ampliado con otros sistemas de gestión de redes más «inteligentes» y que sin duda habrían permitido alcanzar el 100% de autonomía, en lugar del 80% que se ha fijado como objetivo. Pienso, por ejemplo, en hacer participar a la demanda en el proyecto modulando algunas cargas de acuerdo con la producción de energía renovable.

No obstante lo anterior, no pierdo la esperanza de que en fases posteriores el proyecto avance en este sentido. Lo que ya es irresoluble es la nefasta gestión que se ha hecho del proyecto: no ha habido concurso público para la construcción y operación de la central. Resultado: la empresa eléctrica dominante en las islas comparte propiedad con el Cabildo insular y el Instituto Tecnológico de Canarias. Me pregunto si la participación de Endesa se debe a alguna imposición o a algún temor por parte de las Administraciones Públicas a que pudiera bloquear el proyecto…

Para mayor desatino, además, la retribución de la central aún no se ha aprobado, cuando la construcción de la misma está prácticamente finalizada. Establecer a posteriori la retribución de un activo de generación es, SIEMPRE, fuente innumerable de conflictos.

La propuesta del Gobierno a este respecto, de la que se hace eco El País, es sorprendente por cuanto se realiza en un momento de fuertes recortes retroactivos a la inmensa mayoría de tecnologías renovables en España.

Sin duda sorprende que se retribuyan los costes de inversión a un tipo del bono a 10 años más 200 puntos básicos -más del 7% en la actualidad-, que se consideren todos los costes incurridos de operación y mantenimiento -sobre los que, como decía, no cabe competencia por haberse adjudicado sin licitación pública- y, sobretodo, que además se contemple una retribución al accionista que le garantiza una rentabilidad después de impuestos del 8%.

Imagino que el hecho no pasará desapercibido para las decenas de despachos de abogados incursos en los miles de recursos presentados -y por presentar- relativos a las medidas retroactivas en la retribución de las renovables y que han tenido que soportar que el Tribunal Supremo sentenciara lindezas como la que sigue (la negrita es mía):

«La práctica eliminación del riesgo empresarial que supone acogerse a la tarifa regulada, sin competir en precios con el resto de agentes en el mercado, es de suyo una ventaja sobre los operadores del sector eléctrico sujetos a las vicisitudes de la libre competencia, ventaja cuyo reverso lo constituye precisamente, entre otras, la posibilidad de alteración de las medidas administrativas ante cambios de las circunstancias ulteriores (con el respeto a unos mínimos de rentabilidad que en este momento no es el caso recordar).

Los agentes u operadores privados que ‘renuncian’ al mercado, aunque lo hagan más o menos ‘inducidos’ por una retribución generosa que les ofrece el marco regulatorio, sin la contrapartida de la asunción de riesgos significativos, sabían o debían saber que dicho marco regulatorio público, aprobado en un determinado momento, del mismo modo que era coherente con las condiciones del escenario económico entonces vigente y con las previsiones de demanda eléctrica realizadas entonces, no podía ulteriormente ser ajeno a las modificaciones relevantes de los datos económicos de base, ante las cuales es lógica la reacción de los poderes públicos para acompasarlo a las nuevas circunstancias. Si éstas implican ajustes en otros muchos sectores productivos, con obvias dificultades para su actividad, no resulta irrazonable que aquéllos se extiendan también al sector de las energías renovables que quiera seguir percibiendo las tarifas reguladas en vez de acudir a los mecanismos de mercado (contratación bilateral y venta en el mercado organizado). Y ello tanto más ante situaciones de crisis económica generalizada y, en el caso de la energía eléctrica, ante el crecimiento del déficit tarifario que, en una cierta parte, deriva del impacto que sobre el cálculo de los peajes de acceso tiene la retribución de aquéllas por la vía de la tarifa regulada, en cuanto coste imputable al sistema eléctrico.»

Sin duda, que el propio Gobierno haya establecido esta generosa -comparativamente hablando con la que tienen otras tecnologías renovables en este momento- retribución en este momento es muy significativo.