El Ministerio se hace trampas al solitario

El pasado viernes, 12 de julio, el Consejo de Ministros alumbraba la tan manida reforma energética prometida ya -siempre con carácter inmediato- por el presidente Rajoy en su discurso de investidura.

En 15 años en el sector nunca había visto tal cantidad de proyectos normativos enviados a la vez: un real decreto-ley publicado al mismo día y convalidado por el rodillo de la mayoría absoluta en el Congreso en menos de una semana; un anteproyecto de ley del sector eléctrico, reformulación completa de la actual, de 1997; cinco reales decretos y cinco órdenes ministeriales. Eso solo en la primera semana. A buen seguro que en las venideras veremos más. No se puede negar el trabajo.

La urgencia en sectores intensivos en capital nunca es buena; enviar más de diez normas a la vez a los agentes para que hagan comentarios «por la vía de urgencia» en el plazo máximo de 10 días y considerar con ello cumplido el trámite de audiencia pública es, sencillamente, una burla al elemental proceso de aprobación de normas.

Podría argumentarse que el reducido plazo se debe a que las normas estaban sobradamente debatidas con los representantes de los afectados. Nada más lejos de la realidad: desde que fuera nombrado a finales de diciembre del pasado año, el nuevo secretario de estado se ha reunido con muchos grupos -principalmente empresariales- pero por sus propias declaraciones deducimos que se trataba de monólogos en los que los convocados exponían sus criterios sin respuesta alguna de la Administración. La ausencia de ni tan siquiera monólogos con dos grupos destacados: los consumidores y el resto de grupos parlamentarios nos permite tener una visión completa del entorno aislado en el que se ha desarrollado el intenso trabajo de redacción normativa.

Tras un análisis preliminar de los borradores remitidos observo errores. Algunos, sin duda, debidos a la precipitación. Otros, más bien, derivados de no haber escuchado a los afectados antes de publicarlos.

La reforma -no nos engañemos- afecta fundamentalmente a la retribución de las renovables y a los consumidores. Las eléctricas han mantenido una postura victimista; pero los primeros informes de analistas conocidos igualmente en tiempo récord ya permiten aventurar que el impacto sobre sus beneficios será escaso.

En el ámbito de las renovables -también ahora en la cogeneración-, se ha dado una vuelta de tuerca más a los cambios retroactivos que vienen sufriéndose desde el año 2010: el sistema retributivo ha cambiado radicalmente para basarse en un pago por potencia instalada que depende de la rentabilidad teóricamente razonable que obtendría una planta tipo de características similares a la real.

Curiosamente el nuevo sistema ha entrado en vigor el 14 de julio -por cierto, aniversario de la toma de la Bastilla, paradojas del calendario- pero sus detalles no se conocerán hasta, al menos, el mes de octubre -yo apuesto que será más bien en diciembre-. Lee bien: las instalaciones van a pasar meses vendiendo energía sin tener ni idea de lo que van a cobrar por ella. Este hecho de por sí ya da una idea de la cautividad de los inversores en renovables respecto de los Gobiernos que establecen las reglas de juego de las mismas.

El problema es que la normativa conocida hasta la fecha va delegando la regulación de los detalles en cadena: real decreto-ley a decreto y decreto a orden ministerial; pero el último eslabón no se conoce.

Es razonable que no se puedan establecer con celeridad los parámetros que definen los proyectos tipo que van a afectar a instalaciones ya construidas: dependerán de la tecnología, de la fecha de construcción y posiblemente de otros factores como la ubicación geográfica o el tamaño de la instalación.

Lo que no resulta tan razonable es que el Gobierno estime el impacto económico del recorte  a las plantas afectadas con una precisión menor de mil euros para un sector, el de renovables, cogeneración y residuos, cuyos ingresos superan los 13 mil millones anuales.

La cuestión no es baladí, porque el Gobierno anunció a bombo y platillo que esta es la reforma definitiva que impedirá que el déficit de tarifa siga creciendo. Para ello nos ha informado de un reparto supuestamente equitativo de los esfuerzos entre empresas, Estado y consumidores, que le ha permitido aprobar -cómo no- con carácter de urgencia una muy relevante subida del precio de la energía eléctrica.

Pues bien, en la orden ministerial que justifica la citada subida se reincide en errores del pasado: no se justifican buena parte de las estimaciones utilizadas para calcular costes e ingresos. Podríamos decir que el déficit estimado será cero; pero muy probablemente el real no lo será porque las estimaciones estaban intencionadamente mal hechas. Trampas en el solitario.

Detengámonos en el asunto de las renovables: el borrador incluye un recorte de ingresos de renovables y cogeneración de 749.589.000 € tan solo para la segunda mitad de 2013 respecto de la última previsión realizada en febrero, debida exclusivamente al cambio de modelo retributivo.

El analista avezado -no el común de los ciudadanos que va a ver su recibo incrementado- es capaz de deducir que de esa partida unos 315 millones de euros se derivan de la súbita supresión de los complementos de reactiva y eficiencia. En efecto, el doble de ese importe es que la CNE publica como pagado por estos conceptos en el último ejercicio completo. Pero, ¿de dónde salen los cerca de 425 millones de euros restantes?, ¿dispone el Ministerio de los parámetros de las instalaciones tipo?. Si es así, ¿por qué no los somete a su peculiar trámite de audiencia? Si no lo es, nos encontramos ante algo mucho más grave: la justificación de la reforma es falsa. No se garantiza a las instalaciones renovables una rentabilidad razonable. Solo se ha creado un complejo sistema retributivo que permite, a través de la variación de una serie de parámetros, reducir los ingresos al valor que el Ministerio desee.

Más detalles. Debido -espero- a la precipitación, el Ministerio envió un primer proyecto de orden de incremento de «peajes» el lunes siguiente a la aprobación del «paquete normativo». El martes se reconocían errores y se enviaba una nueva versión de la memoria. Leyendo ambas uno enseguida se da cuenta de que los números se mueven sin justificación alguna: en el primer borrador se estimaba un superavit del sistema de cerca de 15 millones de euros; pero ¡estaba mal sumado! En realidad era de más de 900 millones.

Caer en la cuenta del error daba un cierto margen para «ajustar» al alza una serie de costes que en la versión inicial figuraban con valores inferiores: las primas al régimen especial pasan de 9.700 a 10.000 millones en un solo día (mágicamente la previsión del precio medio del mercado de todo el año bajó de 44,62 €/MWh a 41,69 €/MWh). El coste por interrumpibilidad sube de 732 a 749 millones de euros. Los pagos al carbón nacional de 285 a 369 millones.

Con los ingresos pasa lo mismo. Hay margen para bajarlos:  los peajes de los consumidores -por revisión de la demanda de energía utilizada en los cálculos- pasan de 14.489 a 14.416 millones. Los peajes de los generadores de 127 a 124 millones. Los ingresos de los clientes con tarifa disuasoria de 60 a 40 millones y los peajes en generación de 100 a 98 millones.

Incluso «caben» 80 millones de euros adicionales para incrementos del extracoste de generación en las islas y 75 millones por la «imputación a la diferencia de pérdidas» estándar respecto de las reales.

Y, por supuesto, los impuestos que se preveía recaudar igualmente bajan de 2.921 a 2.647 millones.

Como se ve, un reparto «equitativo» del margen aparecido súbitamente que mantiene, eso sí, los recortes a renovables y la subida de peajes a los consumidores.

No sé hasta cuándo durará esta farsa. Imagino que en algún momento los tribunales pondrán fin a tanto desmadre. Necesitamos con detalle cuáles son las hipótesis utilizadas por el Ministerio para calcular costes e ingresos del sistema para poder creernos que, de verdad, las decisiones políticas no van a seguir ocultando déficits «debajo de la manta». Basta ya de trampas al solitario.