De los expedientes estivales de Competencia

En el sector eléctrico español es frecuente encontrarse con que los hechos más relevantes se producen justo antes de la época vacacional. 2014 no podía ser una excepción: el último viernes de julio (día 25) y el lunes inmediatamente posterior (día 28) la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) publicaba los resultados de dos expedientes de singular importancia.

El del viernes -casualmente publicado a medio día, lo que es bien sabido que diluye considerablemente su impacto mediático- es, sin duda, el más importante.

Se trata en realidad de la resolución de tres expedientes sancionadores incoados contra sendas empresas eléctricas del oligopolio que, atención, acumulaban tres años de instrucción.

Antes de entrar en el fondo de los mismos, llama poderosamente la atención -quizás debiera decir «indigna»- que una parte relevante del contenido de las resoluciones tenga tratamiento de «confidencial», lo que impide, por ejemplo, localizar los hechos concretos que se consideran. No me pida, por tanto, que haga un análisis paralelo. Sencillamente no sé cuándo ocurrieron.

No obstante, el contenido de las resoluciones permite conocer que se trata de unos «juegos» de las tres empresas eléctricas afectadas practicados durante unos días (no sabemos cuántos ni cuáles: es confidencial) que, según el personal técnico de la CNMC, dieron lugar a un beneficio extraordinario para las mismas de cerca de 2 millones de euros. En consecuencia, los mismos técnicos proponen sanciones de 3,8 millones de euros en total.

Al parecer, se trata de la gestión de unas centrales de carbón de importación que fueron autoexcluidas del mercado diario (el que fija los precios de la electricidad para el día siguiente) provocando un incremento del precio de éste. Curiosamente las mismas centrales se programaban horas después en mercados intradiarios (ajustes posteriores al diario más próximos al tiempo real) y, ¡qué cosas!, aceptaban cobrar en éstos menos de lo que hubieran cobrado en el diario.

Permítaseme la simplificación para explicarlo en lenguaje coloquial: durante el día anterior a la producción, se retiraba una central en el mercado de las 10 de la mañana para que todas las demás cobraran más y se programaba la misma central a las cuatro de la tarde cobrando menos de lo que habían cobrado el resto. La manipulación parece -a los técnicos de la CNMC así se lo pareció- bastante clara. De lo contrario nunca hubieran propuesto sanciones.

Pues bien, lo más relevante es que el Consejo de la CNMC ha decidido archivar los tres expedientes porque «pese a la existencia de indicios de que existió una manipulación fraudulenta del mercado, la Sala considera que, en el presente caso, durante los días objeto de imputación, las particularidades de la central no permiten excluir que su actuación pretendiese fines distintos de dicha alteración fraudulenta del precio del Mercado».

Vamos, que la actuación produjo un incremento del precio de la electricidad de millones de españoles; pero no queda demostrado que la intención de las eléctricas fuera precisamente esa. En otras disciplinas hasta los homicidios involuntarios tienen castigo…

Sin entrar en analizar si hay razones políticas para que las empresas «salgan de rositas» de este asunto -nótese, por ejemplo, que el periodista Santiago Carcar anticipó el desenlace– su resolución en estos términos me parece muy grave por dos razones: en primer lugar, por el ninguneo a los técnicos de la CNMC por parte de un Consejo cuyo nombramiento por parte del Congreso de los Diputados, no olvidemos, fue muy polémico; pero, en segundo lugar, porque se trata del otorgamiento de una verdadera «patente de corso» a las eléctricas para hacer lo que les venga en gana en los mercados eléctricos: siempre será posible defender que la intención no fue la manipulación de precios.

En estas estaba yo el fin de semana cuando el lunes me encuentro con un nuevo y esperado expediente: el complementario del análisis de las «circunstancias atípicas» que llevaron a la anulación de la subasta eléctrica celebrada el 19 de diciembre de 2013.

Recordemos que, por primera vez en la historia reciente, un gobierno -que se autodenomina liberal- anulaba una subasta que servía para determinar el precio de la energía eléctrica de más de 16 millones de consumidores sin haber probado manipulación alguna de precios sino solo la concurrencia de «circunstancias atípicas».

En su informe preliminar, publicado el 7 de enero, la CNMC venía a decir que se había producido un cúmulo de casualidades que había llevado a un súbito incremento de precios. Sin entrar ahora a valorar que con las conclusiones de este informe se interviniera un mercado –ya lo hice– resulta que, aunque le parezca increíble, la CNMC no tenía información sobre nada menos que el 89% de las transacciones que se realizaron en el mercado de futuros de electricidad en los días previos a la subasta y no podía, en consecuencia, determinar si había existido algún tipo de comportamiento sancionable por parte de los agentes que participaron en la misma.

Pues bien, tras más de 7 meses desde los hechos, la CNMC ha recibido la información que le faltaba y presenta ahora el informe complementario que se limita, como no podía ser de otra forma, a certificar que no hubo comportamientos sancionables.

Tengo que entrar sucintamente a valorar la metodología empleada: la CNMC analiza las compra/ventas de energía referidas al primer trimestre de 2014 (el período objeto de la subasta anulada) desde el 1 de noviembre hasta el 19 de diciembre de 2013. Tras constatar que los agentes tratan de comprar energía barata para luego venderla más cara, entra en lo verdaderamente importante: cuatro agentes concentraron el 76% de las compras y esos mismos agentes participaron mayoritariamente en la subasta para vender energía «al sistema» y deshacer así parte de su posición (obteniendo un beneficio).

Esta parte del análisis es crucial, porque permite determinar quién ha estado verdaderamente detrás de las subastas. Recordemos que las empresas eléctricas siempre han defendido que su participación en las mismas ha sido testimonial y que la mayor parte del negocio se lo llevaban fondos y bancos de inversión. Lo que nunca se ha investigado en profundidad es quién estaba detrás de estos fondos y bancos.

Me explico: supongamos que un banco decide vender una cierta cantidad de energía en la subasta a un precio de 60 €/MWh y unos días antes compra la misma cantidad de energía a 59 €/MWh a una eléctrica. Si finalmente el precio de la energía resulta ser de 25 €/MWh, el banco habrá ganado 1 €/MWh; pero ¡la eléctrica habrá ganado 34 €/MWh y habrá evitado el impacto de imagen de haber participado directamente en la subasta! Por ello resulta, como digo, crucial, conocer la denominada «posición neta» de cada agente. Esto es, desenmarañar quién está detrás de los participantes en la subasta.

La decepción llega cuando la CNMC en la página 21 de su informe reconoce que «únicamente se conocen las contrapartes de 5.915 MW de los 14.487 MW negociados del contrato Q1-14 (el 40,8% del volumen negociado sobre dicho contrato)». Es increíble; pero cierto. Nos está diciendo que tras más de siete meses sigue sin tener todos los datos para saber lo que pasó.

Le ahorro el análisis del resto de conclusiones del informe, incluida la de los cuatro agentes acaparadores, porque, a mi juicio, carece de las más elemental validez tras la lectura de el citado párrafo.

Sí me parece importante recordar que hay otro expediente abierto -que sepamos, de momento, sobre una sola eléctrica- para analizar las circunstancias que motivaron que el mercado físico (no el de futuros, que es el analizado por este último informe así como por el de enero). Se trata de un expediente sancionador (esto es, se prejuzga un comportamiento sancionable) por supuesta manipulación de los precios del mercado derivada de una estrategia de contención de la producción de energía a partir de centrales hidroeléctricas. Como ya advertí en diciembre, esto es lo verdaderamente importante: el precio del mercado de futuros sencillamente reaccionó fuertemente al alza cuando comprobó que los precios del mercado físico de los primeros días de diciembre no podían explicarse sin considerar el ejercicio de poder de mercado por parte de las eléctricas.

Concluyo: que no nos distraigan, los dos expedientes resueltos a finales de julio son de naturaleza bien diferente. El primero de ellos -en realidad un conjunto de tres expedientes muy similares- supone, en mi opinión, un nefasto precedente para la ya escasísima fiabilidad de los precios del mercado eléctrico que, no olvidemos, son cruciales para la economía del país; el segundo, sin embargo, no es más que un informe incompleto sobre lo que ya sabíamos que no ocurrió en diciembre -que los mercados financieros estuvieran manipulados- pero aún queda por resolver lo que sí ocurrió: que inexplicablemente se dispararan los precios del mercado físico.

Gracias por leer hasta aquí en pleno verano. Ya somos dos los que nos resistimos al juego de la oportunidad mediática practicado de manera lamentable por algunas administraciones.