Seminario sobre el mercado de electricidad y las renovables en Navales

Por iniciativa del profesor Antonio Souto, la escuela técnica superior de ingenieros navales de la Universidad Politécnica de Madrid organizó recientemente un seminario sobre el mercado de electricidad y las energías renovables en el que tuve ocasión de participar.

El seminario se estructuró en cuatro sesiones de unas dos horas de duración cada una celebradas los miércoles por la tarde. En las tres primeras, tres ponentes con diferentes perspectivas: uno, Agustín Alonso, extrabajador de la Comisión Nacional de la Energía; otro, Francisco Calleja, perteneciente a la dirección de regulación de Iberdrola y el último -yo mismo- del sector de las renovables expusimos, cada uno individualmente, nuestra visión del sector para en la última sesión, celebrada el 8 de mayo y moderada por Rubén Esteller, periodista especializado y redactor jefe del diario El Economista, mantener un debate entre los tres.

No me defraudó el público asistente, confirmando con sus intervenciones el prestigio del que goza la escuela.

El debate -sin duda lo más interesante- se centró una vez más en enfrentar posturas entre el sector convencional y las renovables. Lamento que aquél siga utilizando argumentos falaces, tales como el empleo del índice HHI calculado sobre el total del mercado de generación para medir el grado de competencia en el sector eléctrico, para defender un sistema eléctrico que hace aguas, no por las ayudas a las renovables, sino por mantener prebendas injustificadas -e injustificables- a tecnologías caras, contaminantes, peligrosas y socialmente inadmisibles.

Os dejo mi presentación, realizada el 24 de abril y repetida posteriormente en la escuela de Industriales de la misma universidad el 9 de mayo.

Dedicado especialmente para los que echan en falta un análisis crítico de los errores cometidos por parte de los defensores de las renovables destaco, sin duda, mi comparación al desarrollo regulatorio de la fotovoltaica entre Alemania y España.

En España se cometieron varios errores regulatorios cuyo resultado ha sido un evidente desacoplamiento entre las tarifas de inyección utilizadas para fomentar su desarrollo  y la evolución tecnológica de la fotovoltaica.

Como he comentado en otras ocasiones, la rápida evolución tecnológica de la fotovoltaica -coadyuvada, sin duda, por un espectacular incremento del volumen de instalación a nivel internacional- ha llevado a una reducción de costes del módulo fotovoltaico de más del 80% en tan solo cinco años.

Este inédito recorrido de la curva de aprendizaje ha supuesto un reto para los sistemas de apoyo a las renovables, que en todos los casos parten de la constatación de que las energías fósiles no incorporan en su precio numerosas externalidades y que para que las renovables puedan competir con éstas han preferido apoyar específicamente a éstas en lugar de gravar a aquéllas. Los diferentes sistemas de apoyo -singularmente las tarifas de inyección a red, utilizadas, entre otros, en Alemania y España- suponen, además, que aunque el apoyo a las renovables inicialmente sea superior a la valoración de las externalidades positivas que incorporan, la mera creación de un mercado de suficiente volumen a nivel internacional debe bastar para reducir drásticamente su precio y, por tanto, reducir los apoyos. Esta hipótesis ha sido confirmada, con creces, en el caso de la fotovoltaica.

Ahora bien, la forma en que los diferentes sistemas de apoyo han sabido a adaptarse a la evolución tecnológica de la fotovoltaica ha sido muy desigual. Las tarifas de inyección en Alemania, por ejemplo, se han caracterizado por:

1. Una temprana (2004) distinción entre la tarifa otorgada a las pequeñas instalaciones sobre cubierta y las grandes sobre suelo, muy superior en el primer caso.
2. Una reducción «suave» -sin cambios bruscos- pero continua de las tarifas de inyección.
3. Un incremento sustancial del volumen de instalación a partir de 2010, cuando el módulo pasó de estar a más de 3 €/Wp a menos de 1,5 €/Wp.

La situación en España, ha sido bien diferente:

1. Mercado prácticamente inexistente hasta 2006 debido a la existencia de tarifas de inyección insuficientes.
2. Mínima distinción entre las tarifas sobre suelo y cubierta, creada, además, solo a partir de 2009.
3. Mantenimiento de tarifas desde 2006 a 2008, con total desacoplamiento de la evolución tecnológica, y dando lugar a una tarifa sobre suelo un 26% superior a la de Alemania en 2008, con el consiguiente traslado de mercado desde Alemania hacia España.
4. Año 2009 perdido, sin normativa para poder desarrollar proyectos.

Las consecuencias de lo anterior, tristemente, siguen siendo de actualidad: los errores regulatorios han tratado de ser enmendados por lo sucesivos Gobiernos aplicando medidas retroactivas que cambian las condiciones de retribución a los actuales propietarios de las plantas que carecen de capacidad de reacción para compensarlas. Las sucesivas medidas tomadas hasta la fecha, que en algunos casos han supuesto un recorte del 40% de los ingresos respecto de la previsión inicial, parecen ser insuficientes para el Gobierno actual, que parece ser que pretende añadir un recorte adicional.

Nótese que la fotovoltaica, como tantas otras renovables, no tiene costes de combustible y sus costes de operación y mantenimiento son mínimos, por lo que una vez desembolsada la inversión inicial prácticamente no hay margen de maniobra sobre el coste de cada kWh producido.

Ciertamente hubo márgenes excesivos en algunos períodos; pero (i) no son imputables a los inversores que confiaban en la normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado y (ii) se quedaron en toda la cadena de valor -desde el que vendía autorizaciones hasta el que instalaba los módulos- de forma irreversible.

Además del indudable daño a la imagen del país en cuanto a la seguridad jurídica de las inversiones se están produciendo en numerosos casos situaciones dramáticas de miles de personas que confiaron sus ahorros en una tecnología en la que apostaron porque, contribuyendo a conformar una sociedad más sostenible, confiaron en que el Gobierno de España no «cambiaría las reglas a mitad del partido».

No obstante lo anterior me gustaría terminar incidiendo en que, a pesar de todos lo errores cometidos, las primas a las renovables en 2012 han supuesto el 16% de la factura eléctrica del consumidor final en el año 2012. La cifra contrasta con el 70% de incremento en la factura «de la luz» -impuestos incluidos- que ha soportado el consumidor doméstico en los últimos cinco años. Conclusión: la criminalización de las renovables no basta para explicar la situación actual, necesariamente hay que analizar más «errores regulatorios» de mucha mayor envergadura en otras actividades.

Como les dije a los alumnos de la escuela: es necesario huir de la cultura «del pelotazo» y apostar por actividades económicas que conduzcan a beneficios a largo plazo. Las renovables, bien gestionadas, son un gran ejemplo de lo segundo; pero, desafortunadamente, se está aniquilando en España.